El coordinador general de IU recuerda a la vicepresidenta que aún no ha elaborado un mapa de fosas, no cumple con los protocolos científicos para las identificaciones, ni ha desarrollado los procedimientos de autorización de las exhumaciones.

El coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, instó hoy en el Congreso a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a que “no se olvide” de la Ley de Memoria Histórica aprobada en diciembre pasado y la “obligación no sólo moral, sino también legal” de colaborar con las familias en la identificación y reconocimiento de los desaparecidos.

Llamazares mostró su impresión de que el Gobierno socialista “se olvida de aplicar la ley que él mismo ha aprobado”. Para explicarlo, detalló una serie de ejemplos precisos: “el Gobierno no ha cumplido su compromiso de elaboración de planes de trabajo en materia de identificación y de exhumación tampoco ha cumplido con el mapa de las fosas, al que estaba obligado en la propia ley, en sus artículos 12 al 14. No ha cumplido con los protocolos científicos que tenía obligación de elaborar y tampoco ha desarrollado los procedimientos de autorización para esas exhumaciones”.

“Cumplan con la ley, con el Derecho Internacional y con la dignidad de las familias”, exigió el diputado de IU. “Las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil y del franquismo tienen derecho a la memoria, derecho a la identificación y derecho al reconocimiento de sus seres queridos. El juez Garzón ha pedido un censo a diversas instituciones. Nosotros opinamos que el Gobierno no solamente tiene obligación moral, tiene obligación legal de colaborar”, insistió.

“En definitiva –señaló-, hay muchas cuestiones pendientes en artículos muy importantes de la ley y no solamente estos aspectos referidos a la identificación y exhumación de los seres queridos de las familias represaliadas en la guerra civil y en el franquismo”.

Además, Llamazares denunció la falta de información del Ejecutivo socialista en esta materia, incluido el incumplimiento en dar respuesta a las preguntas por escrito registradas en el Congreso. “Tememos que el Gobierno se olvide de la memoria y tememos también que no sepa o no conteste a la Cámara. Nuestro grupo parlamentario tiene pendiente casi una treintena de preguntas sobre el cumplimiento de la ley y el Gobierno da la callada por respuesta”, dijo.

María Teresa Fernández de la Vega anunció, pero sin dar ningún detalle concreto de cuándo se hará efectiva su aprobación, que el Ejecutivo tiene “casi ultimadas” ocho normas para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Señaló entre ellas el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes y la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia.

También habló sobre la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia al final de la dictadura franquista, además de la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.