Gaspar Llamazares y miembros de la plataforma vecinal presentan durante una visita a la antigua prisión la iniciativa parlamentaria registrada en el Congreso

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha reivindicado hoy junto a miembros de la plataforma vecinal la necesidad de que una parte de la antigua cárcel de Carabanchel no sea derribada y sirva para crear un museo o centro de la Memoria Histórica y la Paz.

Llamazares visitó hoy el interior de la antigua cárcel de Carabanchel, acompañado del portavoz de la Plataforma, Julián Rebollo, y de ex presos políticos del franquismo como Víctor Díaz Cardiel, ex secretario de Organización de PCE y que estuvo encerrado en esta prisión durante casi 10 años en cuatro etapas distintas de la dictadura franquista.

El máximo dirigente de IU explicó a los periodistas antes de pasear por las destrozadas galerias de la cárcel la iniciativa parlamentaria que ha registrado Izquierda Unida en el Congreso para que el Gobierno, junto a administraciones como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, “protejan una parte de la cárcel de Carabanchel y la rehabiliten como Museo o Centro de la Memoria Histórica".

En concreto la proposición no de ley de IU señala que “el Congreso insta al Gobierno a tomar cuantas medidas sean necesarias, en colaboración con la CC.AA. y el Ayuntamiento de Madrid, para que parte de las instalaciones de la antigua cárcel de Carabanchel se dediquen a crear un Centro y Museo de la Memoria, de la Paz, de la Convivencia y del respeto de los Derechos Humanos, valor universal consagrado en la Declaración Universal de 1948”.

Llamazares argumentó que no se puede “olvidar ni destruir el pasado”. A su juicio, aunque esta cárcel “es ahora silenciosa, grita en nombre de todos aquellos que aquí fueron encarcelados injustamente, torturados y que luchaban por la libertad”.

Para el máximo dirigente de IU, la cárcel de Carabanchel es un “símbolo de la lucha contra la dictadura, de la memoria democrática”. Este es un motivo de peso para que el Gobierno socialista y las administraciones madrileñas del PP “no se preocupen sólo por la utilización especulativa de estos terrenos, sino por su uso social y por la recuperación de la memoria”.

Detalló que la intención de la iniciativa de IU es que el Gobierno negocie con las distintas administraciones para conservar “la parte más significativa de la cárcel, que es la cúpula, y que a partir de ella se pueda rehabilitar para hacer un centro de la memoria, para que cada persona que pase por aquí sepa que hubo una lucha muy importante durante muchos años por la libertad y la democracia, que muchos pagaron con cárcel y torturas”.

En su opinión, “esa cúpula es un símbolo a esa memoria democrática y antifranquista que existe y debe permanecer. No debe ser sólo la memoria de recuperar cuerpos de fusilados o la identidad de los olvidados, sino también la de quienes estuvieron en esta cárcel. Que este país tenga una democracia viva y con pasado”.

Destacó que “fueron más las asociaciones, la ciudadanía y otras fuerzas de izquierdas que el propio Gobierno” quienes ayudaron a impulsar la Ley de Memoria Histórica aprobada en diciembre pasado. Por eso, reclamó ahora al Ejecutivo socialista que “sea consecuente y además de un uso residencial y de un hospital para la zona, sepa responder a la demanda de que se respete también la memoria de los luchadores antifranquistas”.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma para salvar una parte de cárcel, Julián Rebollo, informó que ya ha sido contratada la empresa para proceder a un derribo al que los vecinos se oponen mayoritariamente porque “no se puede derribar la historia y el sufrimiento de la gente. Que se destruya una parte para hacer un hospital, pero otra parte tiene que dejarse para que la historia ni se olvide ni se repita”.

A su juicio, sería “una vergüenza para el Gobierno socialista y el Ministerio del Interior”, al tiempo que criticó al Ayuntamiento de Madrid por no haberles recibido y a su alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, por no contestarles.

Rebollo recordó que varios miembros de la Plataforma mantuvieron ayer una reunión con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Éste les mostró su apoyo para que “una parte de la cárcel se mantenga y no se pueda destruir”.