IU y UGT coinciden en que la crisis no debe frenar la protección a los parados y la inversión en políticas activas de empleo
Gaspar Llamazares y Cándido Méndez
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el
secretario general de UGT, Cándido Méndez, han coincidido hoy en que
los recortes de ingresos que la crisis económica provocará en las
cuentas públicas no debe afectar a la protección que se ofrece a los
desempleados, ni tampoco a la necesidad de que se produzcan inversiones
reales para mejorar las políticas activas de empleo y los servicios
públicos para un número de parados que se incrementa como consecuencia
de la mala situación económica.
Llamazares y Méndez plantearon estas cuestiones tras la reunión que
mantuvieron delegaciones de ambas organizaciones en la sede del
sindicato. Llamazares destacó que la situación de grave crisis
económica “no justifica ajustes presupuestarios por parte del Gobierno,
ni medidas sociales laborales y sociales regresivas. Por el contrario,
debemos buscar un cambio de modelo económico y buscar otro más
equilibrado, más justo y más sostenible”.
El máximo dirigente de Izquierda Unida alertó de que están en peligro
“algunas de las conquistas sociales y laborales logradas por los
trabajadores en las últimas décadas. Como también lo están los sistemas
educativo y sanitario públicos. No se pueden consentir recortes en
ambos”.
Llamazares se sumó al planteamiento, ya expresado en las últimas
semanas por Izquierda Unida, para apoyar activamente las movilizaciones
que desde distintos ámbitos –incluidas las que preparan CC.OO y UGT- se
iniciarán a partir del mes de septiembre contra la Directiva de Tiempo
de Trabajo, aprobada por los ministros de Trabajo de la Unión Europea
en junio, que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas
semanales y sienta las bases para eliminar la negociación colectiva.
Izquierda Unida también movilizará a sus militantes y simpatizantes en
contra de la denominada ‘Directiva de Retorno’ que endurece la vida de
los inmigrantes en los Estados de la UE, elimina derechos y facilita
sus expulsiones de Europa recortando las garantías judiciales
existentes hasta ahora.