Llamazares denuncia que “los responsables económicos de Rodríguez Zapatero se pliegan así a las reiteradas presiones de las grandes compañías para aumentar sus beneficios primero con esta medida y más tarde con otra desproporcionada subida de la luz”.

Lo que demuestra que continúa las andanadas a las y los trabajadores; ¿para eso pedían el voto útil? Útil para los empresarios sin duda sí es.

El coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado en el Congreso una iniciativa para lograr que el Congreso inste al Gobierno “a revisar el Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, adoptando medidas para que el usuario no asuma todos los costes de la desaparición de la tarifa nocturna e informando adecuadamente al consumidor sobre los cambios tarifarios”.

Este Real Decreto, cuyas consecuencias más negativas para el consumidor entran en vigor el próximo 1 de julio, supone a juicio de Llamazares que el Ejecutivo socialista “modifica de forma unilateral y gravosa para cerca de 1 millón de hogares las condiciones firmadas en el contrato de suministro de energía eléctrica entre la empresa suministradora y el particular en lo relativo a la potencia contratada y el tipo de tarifa”.

“Los responsables económicos de Rodríguez Zapatero –explica el máximo responsable de IU- se pliegan así de primera mano a las reiteradas presiones de las grandes compañías eléctricas para aumentar sus beneficios a costa de las economías domésticas, en muchos casos de las familias con menores recursos. La otra vuelta de tuerca se sabrá en breve cuando el Gobierno fije una de las más importantes subidas de la luz de los últimos años, tal y como está anunciando que piensa hacer”.

Para Llamazares, “lo más grave de todo esto es que los ministros de Industria y Economía están dando falsas justificaciones y tratan de buscar coartadas impresentables para aplicar estas medidas. Y lo hacen precisamente en una situación de notable crecimiento de los beneficios de esas mismas empresas eléctricas que luego son reacias a realizar las inversiones necesarias para modernizar el suministro de los ciudadanos”.

Denuncia que “estamos ante un verdadero ‘bofetón eléctrico’ del Gobierno a los consumidores. El Real Decreto no contempla ninguna medida de compensación a los afectados. Tampoco reparte cargas ni costes entre los usuarios y las empresas distribuidoras, que son las grandes beneficiarias”.

“Según los datos de que disponemos, y contando con la coartada que está utilizando el Gobierno de ampliar el número de ‘horas valle’ de 8 a 14, el incremento medio del recibo de la luz que pueden padecer quienes contrataron la tarifa nocturna superará el 40%. Además, correrán a cargo del consumidor todos los costes del cambio, que en el caso del sistema de calefacción puede estar entre los 400 y los 500 euros”, advierte Llamazares.

A partir de ahora se obliga a estos clientes a contratar una nueva potencia, superior a la que tenían en el consumo de las horas punta. La tarifa nocturna contaba con un descuento del 55% en las horas nocturnas y un recargo del 3% en el consumo diurno. Este recargo del consumo en las horas punta pasa ahora de ese 3 a un 35%.

El máximo responsable de IU recuerda que la contratación de esta tarifa nocturna, denominada técnicamente 2.0N y que se creó en 1983, “ha sido impulsada hasta ahora por los distintos gobiernos y las compañías eléctricas. Unos y otros desarrollaron entre los años 80 y 90 una intensa campaña institucional para fomentar el consumo responsable durante la noche y evitar posibles colapsos de la red en horas punta. Quienes la contrataron hicieron importantes inversiones para mejorar la instalación de sus hogares e instalar acumuladores nocturnos para ahorrar en sus consumos domésticos”.

“Desde IU creemos que podemos estar ante una vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables”, afirma Llamazares.