El sistema electoral español está basado en el decreto-ley de 18 de marzo de 1977, que estableció un doble sistema de elección (proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia como circunscripción y unos correctivos en la representación para el Congreso (mínimo de 2 escaños por provincia y máximo de 350). Sus creadores (Miguel Herrero, Óscar Alzaga, Landelino Lavilla...) lo argumentaron para garantizar un gobierno estable, pero en realidad fue un ejercicio de ingeniería político-electoral (dicho a lo fino) o de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio (dicho más claramente) que tenía como objetivo que UCD (el partido de Adolfo Suárez, formado por los más reformistas del régimen franquista y los más moderados de la oposición) consiguiera la mayoría absoluta con el 35% de los votos. Se concedió así una sobrerrepresentación a las provincias menos pobladas, las más conservadoras, y una infrarrepresentación a las más pobladas, donde la izquierda contaba con mayores apoyos. Favoreció a los partidos con mayor implantación en cada territorio, a la vez que se dificultó la representación de los menores.

Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985, en que el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP (hoy PP) y CiU. Supuso en la práctica una ratificación del decreto de 1977, estando vigente en la actualidad.