Puedes contar con IU siempre y si te apetece participar desde la libertad individual en la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA que os proponemos cómo fórmula para intervenir en la vida pública. Porque Otro Santisteban es Posible, pongamos rumbo a la esperanza.
Pese a la resistencia de las Administraciones públicas a ampliar el llamado Estado de Bienestar, desde hace más de una década se da una profusión de leyes y planes para la atención a las personas mayores, a las minusvalías o a las discapacidades, puestos en marcha por la Administración central y las Autonómicas. Eso sí, como se puede ver en el Libro Blanco de la Dependencia de 2004, de manera dispersa, descoordinada y desigual, aunque con una característica común: su carácter asistencial y la carencia o escasez de recursos para hacerlos realmente efectivos.
Hasta este momento, sin embargo, el problema se ha seguido solventando muy mayoritariamente en el ámbito familiar, en muchos casos con la ayuda inestimable de las mujeres inmigrantes -cuyo (bajo) coste es soportable para amplios sectores de las clases medias-, o bien mediante las opciones que oferta el mercado de la iniciativa privada, con un crecimiento espectacular al olor del negocio por la omisión del Estado, pero cuyos altos costes y la más que dudosa calidad de sus servicios -sometidos al criterio de rentabilidad por encima de todo-, requieren para su expansión de una mayor implicación de las Administraciones y de la inversión públicas, a través de conciertos, etc.
La presión por parte de organizaciones de mujeres y de mayores, de los sindicatos y algunas fuerzas políticas, que se ha venido intensificando en los últimos años, así como la necesidad del gobierno de Rodríguez Zapatero de un "producto estrella" de gran repercusión social y fuertemente demandado, como broche de oro de la legislatura, explican la aprobación de la Ley de Dependencia a finales de 2006, a poco más de un año de las próximas elecciones al Parlamento y cercanas las municipales y autonómicas. Hay que tener en cuenta, además, que los costes del nuevo sistema para los presupuestos del Estado son irrelevantes a corto plazo (su desarrollo pleno se desplaza a 2015) y que, como a continuación veremos, los resultados reales de la Ley no se podrán valorar en lo inmediato, pero las expectativas están creadas y mantendrán abierta la esperanza.
El mayor problema que encontramos en su momento a la hora de hacer una valoración de la Ley es la cantidad de cuestiones que quedaban sin definición y a expensas de futuros desarrollos, previo acuerdo del Consejo Territorial, donde participan las tres Administraciones. Entre esas cuestiones, algunas tan sustanciales como los baremos que van a regir, la intensidad de la protección, las prestaciones económicas, los criterios para la determinación de la capacidad económica de los solicitantes, las aportaciones al copago, etc. Con el añadido de su complejidad, pues cuando a la Ley se empiecen a sumar los convenios con las distintas CCAA y sus respectivos reglamentos, los Reales Decretos, etc., el asunto se va a volver verdaderamente enrevesado para los posibles usuarios. El País del 5 de mayo, seis meses después de la aprobación de la Ley, titulaba su editorial (que, sin embargo, era muy complaciente con la misma): "YA SOLO FALTA CASI TODO". A fecha de hoy, con cuatro Reales Decretos ya publicados , se está aún en un incipiente proceso de valoración de las personas solicitantes y todo pendiente de que se firmen los Convenios con las CCAA, imprescindibles para la puesta en marcha real del sistema.
De todas formas y partiendo de la necesidad de la Ley y de que supone un avance sobre la situación precedente, abordaremos los temas fundamentales que producen incertidumbre, de la manera más breve posible.
El "cuarto pilar"
Aunque la creación del Sistema Nacional de Dependencia se quiere elevar al rango de "cuatro pilar" del Estado de Bienestar y pese a lo que machaconamente se afirma, no reúne ninguno de los requisitos de los tres "pilares" existentes (Educación, Sanidad y Seguridad Social), como son el carácter universal, público y gratuito de los mismos.
No es universal
Si bien se reconoce como derecho subjetivo, no es universal porque no tiene acceso toda la población en función de sus necesidades sino que establece un sistema de evaluación o baremos que viene a delimitar a los posibles beneficiarios, a criterio de las Administraciones. Por poner un ejemplo de la severa restricción que esto supone, según las proyecciones recogidas en el Libro Blanco de la Dependencia de 2004 (págs. 89 y 90), en 2005 tendríamos una población total de 2.782.590 personas dependientes en distinto grado o con necesidad de ayuda para realizar algunas de las actividades de la vida diaria; en 2010 estaríamos en 3.017.968 y en 2015 se llegaría a los 3.265.200. Estas cifras pueden variar según otros autores y fuentes, pero no presentan grandes diferencias. Sin embargo, las previsiones del gobierno se sitúan muy por debajo de todas ellas y reducen a 1.496.226 las personas que previsiblemente serán atendidas por el Sistema cuando esté plenamente desarrollado, en el año 2015 . Los baremos se encargarán de hacer la criba necesaria, ajustando a conveniencia el número de posibles beneficiarios. Sorprende, pues, el convencimiento con que muchas organizaciones afirman la universalidad del sistema, máxime cuando el propio gobierno, en el Informe de 2006 a Bruselas sobre el Programa Anual de Reformas (pág. 46) dice textualmente, sin el menor tapujo, que "Se establece un nuevo derecho, no universal, que garantiza la atención y cuidados a las personas dependientes…"
Por otra parte, a diferencia también de los otros tres sistemas de protección públicos, se tendrá en cuenta el nivel de renta y patrimonio si no para el acceso a las prestaciones y servicios sí para determinar la "prioridad en el acceso", sin que sepamos qué quiere decir esto exactamente.
No es público
No es público en el sentido que lo es la Sanidad y la Educación o las Pensiones, donde lo privado tiene un papel subalterno y complementario de lo público, que es lo preeminente. En este caso, lo público y lo privado, con o sin ánimo de lucro, son parte del sistema, dándose, además, la circunstancia (de nuevo en contraste con los otros sistemas) de la primacía de lo privado en el desarrollo de estos servicios y la escasa presencia de lo público, sin que se vislumbre, por las escasas aportaciones presupuestarias (nuevas) que se prevén, un cambio en esta correlación. De forma que podemos recelar, razonablemente, que mientras los recursos y el dinero serán públicos, la gestión estará mayoritariamente en manos privadas. Y ya tenemos alguna experiencia de lo que dan de si los controles de las Administraciones para garantizar la calidad de los servicios en los centros y empresas privados.
No es gratuito
Que no es gratuito no hace falta argumentarlo mucho, dado el establecimiento del copago de al menos un tercio del coste global por parte de las personas beneficiarias, aún sin criterio ni definición (es uno de los temas en que se encuentra atascada la negociación con las CC.AA.) y la introducción, en la evaluación, del "nivel de renta y patrimonio", inexistentes en los otros sistemas públicos universales. Este es también el tema que provoca más recelos en muchos de los posibles usuarios del Sistema, que hoy reciben algún tipo de asistencia (residencial, etc.) de forma gratuita en su C.A.
Notas:
(1) Un informe de Mondial Asístance, recogido recientemente por la prensa, indica que en 2004 solo un O,4% de las "familias cuidadoras" ha recurrido a los servicios de empresas privadas, dado que "estas tienen un coste tan elevado que pocos presupuestos familiares pueden soportarlo".
(2) R.D.504/2007, 614/2007, 615/2007, 727/2007, sobre Baremos, Nivel mínimo de protección, Seguridad Social de las cuidadoras e intensidad de protección y prestaciones económicas, respectivamente
(3) Un Estudio Monográfico del CSIC, realizado en 2004, viene a cifrar en 777.058 el número de personas que "tiene dificultades para cuidar de si mismas" y en las que "la ayuda de una tercera persona se hace imprescindible", mientras los planes del gobierno para 2007, en el que se atenderá a los grandes dependientes (Grado III, niveles 1 y 2), se quedan en aproximadamente 277.000.
Hasta este momento, sin embargo, el problema se ha seguido solventando muy mayoritariamente en el ámbito familiar, en muchos casos con la ayuda inestimable de las mujeres inmigrantes -cuyo (bajo) coste es soportable para amplios sectores de las clases medias-, o bien mediante las opciones que oferta el mercado de la iniciativa privada, con un crecimiento espectacular al olor del negocio por la omisión del Estado, pero cuyos altos costes y la más que dudosa calidad de sus servicios -sometidos al criterio de rentabilidad por encima de todo-, requieren para su expansión de una mayor implicación de las Administraciones y de la inversión públicas, a través de conciertos, etc.
La presión por parte de organizaciones de mujeres y de mayores, de los sindicatos y algunas fuerzas políticas, que se ha venido intensificando en los últimos años, así como la necesidad del gobierno de Rodríguez Zapatero de un "producto estrella" de gran repercusión social y fuertemente demandado, como broche de oro de la legislatura, explican la aprobación de la Ley de Dependencia a finales de 2006, a poco más de un año de las próximas elecciones al Parlamento y cercanas las municipales y autonómicas. Hay que tener en cuenta, además, que los costes del nuevo sistema para los presupuestos del Estado son irrelevantes a corto plazo (su desarrollo pleno se desplaza a 2015) y que, como a continuación veremos, los resultados reales de la Ley no se podrán valorar en lo inmediato, pero las expectativas están creadas y mantendrán abierta la esperanza.
El mayor problema que encontramos en su momento a la hora de hacer una valoración de la Ley es la cantidad de cuestiones que quedaban sin definición y a expensas de futuros desarrollos, previo acuerdo del Consejo Territorial, donde participan las tres Administraciones. Entre esas cuestiones, algunas tan sustanciales como los baremos que van a regir, la intensidad de la protección, las prestaciones económicas, los criterios para la determinación de la capacidad económica de los solicitantes, las aportaciones al copago, etc. Con el añadido de su complejidad, pues cuando a la Ley se empiecen a sumar los convenios con las distintas CCAA y sus respectivos reglamentos, los Reales Decretos, etc., el asunto se va a volver verdaderamente enrevesado para los posibles usuarios. El País del 5 de mayo, seis meses después de la aprobación de la Ley, titulaba su editorial (que, sin embargo, era muy complaciente con la misma): "YA SOLO FALTA CASI TODO". A fecha de hoy, con cuatro Reales Decretos ya publicados , se está aún en un incipiente proceso de valoración de las personas solicitantes y todo pendiente de que se firmen los Convenios con las CCAA, imprescindibles para la puesta en marcha real del sistema.
De todas formas y partiendo de la necesidad de la Ley y de que supone un avance sobre la situación precedente, abordaremos los temas fundamentales que producen incertidumbre, de la manera más breve posible.
El "cuarto pilar"
Aunque la creación del Sistema Nacional de Dependencia se quiere elevar al rango de "cuatro pilar" del Estado de Bienestar y pese a lo que machaconamente se afirma, no reúne ninguno de los requisitos de los tres "pilares" existentes (Educación, Sanidad y Seguridad Social), como son el carácter universal, público y gratuito de los mismos.
No es universal
Si bien se reconoce como derecho subjetivo, no es universal porque no tiene acceso toda la población en función de sus necesidades sino que establece un sistema de evaluación o baremos que viene a delimitar a los posibles beneficiarios, a criterio de las Administraciones. Por poner un ejemplo de la severa restricción que esto supone, según las proyecciones recogidas en el Libro Blanco de la Dependencia de 2004 (págs. 89 y 90), en 2005 tendríamos una población total de 2.782.590 personas dependientes en distinto grado o con necesidad de ayuda para realizar algunas de las actividades de la vida diaria; en 2010 estaríamos en 3.017.968 y en 2015 se llegaría a los 3.265.200. Estas cifras pueden variar según otros autores y fuentes, pero no presentan grandes diferencias. Sin embargo, las previsiones del gobierno se sitúan muy por debajo de todas ellas y reducen a 1.496.226 las personas que previsiblemente serán atendidas por el Sistema cuando esté plenamente desarrollado, en el año 2015 . Los baremos se encargarán de hacer la criba necesaria, ajustando a conveniencia el número de posibles beneficiarios. Sorprende, pues, el convencimiento con que muchas organizaciones afirman la universalidad del sistema, máxime cuando el propio gobierno, en el Informe de 2006 a Bruselas sobre el Programa Anual de Reformas (pág. 46) dice textualmente, sin el menor tapujo, que "Se establece un nuevo derecho, no universal, que garantiza la atención y cuidados a las personas dependientes…"
Por otra parte, a diferencia también de los otros tres sistemas de protección públicos, se tendrá en cuenta el nivel de renta y patrimonio si no para el acceso a las prestaciones y servicios sí para determinar la "prioridad en el acceso", sin que sepamos qué quiere decir esto exactamente.
No es público
No es público en el sentido que lo es la Sanidad y la Educación o las Pensiones, donde lo privado tiene un papel subalterno y complementario de lo público, que es lo preeminente. En este caso, lo público y lo privado, con o sin ánimo de lucro, son parte del sistema, dándose, además, la circunstancia (de nuevo en contraste con los otros sistemas) de la primacía de lo privado en el desarrollo de estos servicios y la escasa presencia de lo público, sin que se vislumbre, por las escasas aportaciones presupuestarias (nuevas) que se prevén, un cambio en esta correlación. De forma que podemos recelar, razonablemente, que mientras los recursos y el dinero serán públicos, la gestión estará mayoritariamente en manos privadas. Y ya tenemos alguna experiencia de lo que dan de si los controles de las Administraciones para garantizar la calidad de los servicios en los centros y empresas privados.
No es gratuito
Que no es gratuito no hace falta argumentarlo mucho, dado el establecimiento del copago de al menos un tercio del coste global por parte de las personas beneficiarias, aún sin criterio ni definición (es uno de los temas en que se encuentra atascada la negociación con las CC.AA.) y la introducción, en la evaluación, del "nivel de renta y patrimonio", inexistentes en los otros sistemas públicos universales. Este es también el tema que provoca más recelos en muchos de los posibles usuarios del Sistema, que hoy reciben algún tipo de asistencia (residencial, etc.) de forma gratuita en su C.A.
Notas:
(1) Un informe de Mondial Asístance, recogido recientemente por la prensa, indica que en 2004 solo un O,4% de las "familias cuidadoras" ha recurrido a los servicios de empresas privadas, dado que "estas tienen un coste tan elevado que pocos presupuestos familiares pueden soportarlo".
(2) R.D.504/2007, 614/2007, 615/2007, 727/2007, sobre Baremos, Nivel mínimo de protección, Seguridad Social de las cuidadoras e intensidad de protección y prestaciones económicas, respectivamente
(3) Un Estudio Monográfico del CSIC, realizado en 2004, viene a cifrar en 777.058 el número de personas que "tiene dificultades para cuidar de si mismas" y en las que "la ayuda de una tercera persona se hace imprescindible", mientras los planes del gobierno para 2007, en el que se atenderá a los grandes dependientes (Grado III, niveles 1 y 2), se quedan en aproximadamente 277.000.