IULV-CA teme que la Ley de Vivienda no se atenga a las previsiones de crecimiento demográfico. Y en definitiva suponga un traspaso, soterrado, de dinero público a bolsillos privad, con el fin de proteger, antetodo, los beneficios de las grandes empresas constructoras.

García considera que las planteen más viviendas de las necesarias por presiones de la Patronal.

El diputado de IULV-CA, Ignacio García, ha mostrado su rechazo a las previsiones de construcción de viviendas que se están manejando de cara a la elaboración de la nueva Ley sobre esta materia al considerar que “están por encima de las previsiones de crecimiento demográfico en Andalucía”. Además, teme que “se esté desvirtuando el objetivo de esta norma y se esté planificando un aumento de viviendas mayor del necesario con objeto de contener el descenso de actividad en la construcción”.

En concreto, explica García, según los datos de INE, las previsiones de crecimiento poblacional en Andalucía serían de medio millón de personas para la próxima década “lo que plantearía la necesidad de 200.000 nuevas viviendas y no de 700.000 como se está sugiriendo”. Además, recuerda que, para estimar las necesidades de construcción, hay que tener también en cuenta que en la comunidad autónoma existen 650.000 viviendas vacías y otras 600.000 de segunda residencia.

“Esperamos que el Pacto por la Vivienda, ampara-do por la nueva Ley, no acabe cediendo a las presiones de la Patronal y se convierta en un colchón para las tendencias especulativas que se encuentran ahora en vacas flacas”, añade.

IULV-CA plantea que para que este Pacto satisfaga realmente el acceso a la vivienda debe realizarse un cálculo razonable de las necesidades existentes y se deben tener en cuenta los efectos que ha te-nido la construcción masiva en el medioambiente. Asimismo, aboga porque no se haga participe del desarrollo de esta ley tanto solo a la Patronal, los sindicatos y los bancos sino que se amplíen los interlocutores y se tenga en cuenta también a los movimientos sociales como ecologistas, consumidores, las plataformas en pro del derecho a la vivienda así como a todas las fuerzas políticas.

PARIPÉ DE ANUNCIOS LEGISLATIVOS

En esta misma línea de crítica se ha posicionado la portavoz del grupo parlamentario IULV-CA, Concha Caballero, mostrando su oposición al “paripé de anuncios legislativos realizados a última hora” por el gobierno andaluz, al entender que tienen un claro carácter electoralista ya que ninguno de ellos podrá culminarse debido a la convocatoria de nuevas elecciones en el mes de marzo.

Para Caballero, la gravedad de estos “anuncios en falso” no se basa sólo en el hecho de que no haya tiempo material suficiente para hacerlos realidad, sino que además se trata de leyes de gran importancia, por su repercusión social, que se quedarán en papel mojado como, son la Ley de derecho a la vivienda y la ley de Inclusión Social o renta básica. A las que se suma el anuncio de una nueva ley que vendría a regular un nuevo papel de los ayuntamientos andaluces, dotándolos de mayor protagonismo.

“El gobierno y las consejerías han estado dormidas durante toda la legislatura y es ahora, cuando se aproximan las elecciones, cuando quieren prometer grandes reformas que saben no van a poder poner en pie, con lo que pretenden dar carácter más social a una gestión pobre en este sentido”, apostilla la portavoz.

Además, critica que se vayan a quedar sin completar justo estas tres leyes, que son ejes fundamentales del nuevo Estatuto de Andalucía. “Andalucía necesita un nuevo gobierno más comprometido con las mejoras que contempla en nuevo Estatuto, más eficaz y más ilusionado con la tarea de atender las necesidades de los andaluces”, añade.