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El Parlamento pide a la Junta por unanimidad iniciar los trámites para anular la sentencia contra Blas Infante.
La PNL recoge que los libros de texto traten la II República como "cultura democrática" y la dicta-dura como "intolerancia y totalitarismo".
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad instar a la Junta a que inicie los trámites para anular la sentencia dictada el 4 de mayo de 1940 contra Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza. La proposición no de ley presentada por IULV-CA tenía como objetivo que desde el Ejecutivo autonómico se culminen a "la mayor urgencia" diversos programas e iniciativas en torno a la memoria histórica de la comunidad autónoma.
El único punto de la iniciativa aprobado por unanimidad fue el relativo a Blas Infante, ya que el resto salió adelante sólo con los votos de PSOE e IU, mientras que el PP lo rechazó y el PA se abstuvo.
Así, en la iniciativa aprobada también se emplaza a la Junta a suscribir convenios con las universidades públicas de Andalucía para "elaborar el estudio de las resoluciones de los tribunales de responsabilidades políticas y analizar jurídicamente la nulidad radical de todos los procesamientos por motivos políticos desarrollados durante el franquismo en Andalucía".
En defensa de la proposición no de ley, el diputado de IULV-CA Antonio Romero abrió su intervención leyendo la sentencia dictada contra Blas Infante y haciendo referencia al Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que "son incompatibles". De esta forma, el diputado de IULV-CA dejó claro que "no se puede apoyar el nuevo Estatuto sin apoyar esta iniciativa".
Así, Romero indicó que el Parlamento catalán ha aprobado por unanimidad que la Fiscalía General del Estado promueva la nulidad del proceso "absolutamente injusto" contra el ex presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys.
Asimismo, en la iniciativa aprobada se defiende que la administración autonómica colabore en "el estudio y análisis jurídico de las incautaciones de bienes materiales realizadas a personas físicas y jurídicas por el régimen franquista en Andalucía", así como que elabore un "proyecto sobre los deportados andaluces durante el estado de excepción" y el "fomento y dotación presupuestaria las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes franquistas, así como la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista en Andalucía".
Otra medida aprobada consiste en la "adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto hacia el tratamiento didáctico sobre la II República como referente de una cultura democrática en Andalucía", mientras que "el enfoque del alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura" se formule "como referente de intolerancia y totalitarismo".
La iniciativa aprobada también recoge la elaboración de un "mapa de fosas de Andalucía con intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo en Andalucía"; la "creación de un catálogo de monumentos franquistas en Andalucía y el establecimiento de un plan para eliminarlos", y la "elaboración, como directriz de obligatorio cumplimiento municipal, de una relación de calles con denominaciones franquistas en Andalucía y su sustitución por otras democráticas", todo ello, según enmiendas del PSOE, de acuerdo con lo que establezca la nueva ley estatal por la que se "reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".
"No podemos dejar pasar el tiempo sin reconciliarnos con ese pasado reciente", apuntó Romero, que dijo que "sólo habrá dignidad" si se anulan las sentencias dictadas bajo una dictadura.
El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por María Ángeles Infante, hija de Blas Infante; el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Felipe Alcaraz; el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas; y el líder del CUT-BAi, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
La PNL recoge que los libros de texto traten la II República como "cultura democrática" y la dicta-dura como "intolerancia y totalitarismo".
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó por unanimidad instar a la Junta a que inicie los trámites para anular la sentencia dictada el 4 de mayo de 1940 contra Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza. La proposición no de ley presentada por IULV-CA tenía como objetivo que desde el Ejecutivo autonómico se culminen a "la mayor urgencia" diversos programas e iniciativas en torno a la memoria histórica de la comunidad autónoma.
El único punto de la iniciativa aprobado por unanimidad fue el relativo a Blas Infante, ya que el resto salió adelante sólo con los votos de PSOE e IU, mientras que el PP lo rechazó y el PA se abstuvo.
Así, en la iniciativa aprobada también se emplaza a la Junta a suscribir convenios con las universidades públicas de Andalucía para "elaborar el estudio de las resoluciones de los tribunales de responsabilidades políticas y analizar jurídicamente la nulidad radical de todos los procesamientos por motivos políticos desarrollados durante el franquismo en Andalucía".
En defensa de la proposición no de ley, el diputado de IULV-CA Antonio Romero abrió su intervención leyendo la sentencia dictada contra Blas Infante y haciendo referencia al Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que "son incompatibles". De esta forma, el diputado de IULV-CA dejó claro que "no se puede apoyar el nuevo Estatuto sin apoyar esta iniciativa".
Así, Romero indicó que el Parlamento catalán ha aprobado por unanimidad que la Fiscalía General del Estado promueva la nulidad del proceso "absolutamente injusto" contra el ex presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys.
Asimismo, en la iniciativa aprobada se defiende que la administración autonómica colabore en "el estudio y análisis jurídico de las incautaciones de bienes materiales realizadas a personas físicas y jurídicas por el régimen franquista en Andalucía", así como que elabore un "proyecto sobre los deportados andaluces durante el estado de excepción" y el "fomento y dotación presupuestaria las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes franquistas, así como la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista en Andalucía".
Otra medida aprobada consiste en la "adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto hacia el tratamiento didáctico sobre la II República como referente de una cultura democrática en Andalucía", mientras que "el enfoque del alzamiento militar de 1936 y la posterior dictadura" se formule "como referente de intolerancia y totalitarismo".
La iniciativa aprobada también recoge la elaboración de un "mapa de fosas de Andalucía con intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación identificación y divulgación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo en Andalucía"; la "creación de un catálogo de monumentos franquistas en Andalucía y el establecimiento de un plan para eliminarlos", y la "elaboración, como directriz de obligatorio cumplimiento municipal, de una relación de calles con denominaciones franquistas en Andalucía y su sustitución por otras democráticas", todo ello, según enmiendas del PSOE, de acuerdo con lo que establezca la nueva ley estatal por la que se "reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".
"No podemos dejar pasar el tiempo sin reconciliarnos con ese pasado reciente", apuntó Romero, que dijo que "sólo habrá dignidad" si se anulan las sentencias dictadas bajo una dictadura.
El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por María Ángeles Infante, hija de Blas Infante; el presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, Felipe Alcaraz; el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas; y el líder del CUT-BAi, Juan Manuel Sánchez Gordillo.