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Alcázar advierte a Solbes que “debe atajar el desorbitado fraude fiscal y dejar de hacer concesiones a los defraudadores”
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU denuncia que sólo si se hubieran investigado las operaciones con billetes de 500 euros “aflorarían cerca de 4.000 millones de euros de recaudación para el Estado, en lugar de los ridículos 5 millones que se han logrado”
Antes de leer este artículo, desde la Asamblea Local de IU, queremos hacer un comentario, y es que hay un fraude de 4.000 millones de euros. Esta cantidad lleva el destino de los bolsillos de unos cuantos personajes, que, además, de defraudar al erario público, tienen otras situaciones de especulación y de ilegalidad de gran envergadura. Sin embargo, cuando otras cuando cantidades inferiores, en su totalidad, se reparten a modo de prestaciones sociales que van destinadas a favorecer las economías más débiles de nuestra sociedad no para de hablarse de que suponen, éstas prestaciones, una carga para el estado y se amenaza, constantemente, con de importantes recortes de las mismas, por, según ellos, ser gastos suntuarios.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU, Javier Alcázar, valora que “los desorbitados niveles de fraude fiscal existentes en nuestro país requieren una acción más decidida por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”. Recuerda que nuestro país no baja del 20% del PIB en economía sumergida y que “las medidas adoptadas tras la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal son absolutamente insuficientes para la investigación del fraude más complejo, como los entramados societarios, el blanqueo de capitales, las operaciones donde se emplean billetes de 500 euros o las operaciones con origen en paraísos fiscales”.
Para Alcázar, el Ministerio de Economía y Hacienda “debe maximizar el conjunto de sus recursos técnicos y humanos para evitar que sigan prescribiendo las actuaciones fraudulentas realizadas hace 5 años. Una acción decidida hubiera supuesto la recuperación para el erario público de más de 5.000 millones de euros, tan sólo con las operaciones opacas con billetes de 500 euros realizadas en el año 2002 de aquellas sociedades que blanquearon 14.296 millones de euros de dinero negro, tal como viene denunciando el sindicato de Técnicos de la Agencia Tributaria (Ghesta)”.
En la misma dirección Alcázar afirma que “tal como manifestó Luis Pedroche, director de la Agencia Tributaria en la presentación de la Memoria 2006, más de 200 contribuyentes realizaron ‘voluntariamente’ declaraciones complementarias, por un importe de 5 millones de euros, tras las primeras investigaciones sobre los billetes de 500 euros en operaciones realizadas en el año 2005”.
“Esta cantidad –afirma el dirigente de IU- es absolutamente ridícula y minúscula en comparación con el volumen real de billetes de 500 euros utilizados para actuaciones ilegales. El saldo neto de estos billetes era entonces de 47.367 millones de euros, por lo que lo investigado apenas supera el 0´03% del total de billetes de 500 euros, lo que podría suponer unos ingresos para el Tesoro de más de 4.000 millones de euros y no los 5 millones recaudados”.
Alcázar valora que el planteamiento de la Agencia Tributaria, además de insuficiente, “es erróneo, ya que ha ordenado que la investigación se inicie por medio de un requerimiento informativo, pero no abriendo una inspección formal, tal como demandan los técnicos. De esta forma se da tiempo a las sociedades investigadas para ingresar ‘voluntariamente’ el 35% del importe utilizado en billetes de 500 euros, bajo el concepto de ganancia patrimonial no justificada, con lo cual las empresas se ahorran la sanción que se les impondría de iniciarse una inspección normal, ahorrándose unos 3,2 millones de euros en sanciones”.
Alcázar anuncia que “Izquierda Unida exigirá al Gobierno que se nominen todas las operaciones que se realicen con billetes de 500 euros para favorecer un registro efectivo de los más de 110 millones de unidades de billetes de esta cantidad. Además, demandará al Gobierno que de forma urgente se habilite al conjunto de técnicos de Hacienda para poder realizar actuaciones en empresas de una facturación superior a 1,8 millones de euros.”
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU denuncia que sólo si se hubieran investigado las operaciones con billetes de 500 euros “aflorarían cerca de 4.000 millones de euros de recaudación para el Estado, en lugar de los ridículos 5 millones que se han logrado”
Antes de leer este artículo, desde la Asamblea Local de IU, queremos hacer un comentario, y es que hay un fraude de 4.000 millones de euros. Esta cantidad lleva el destino de los bolsillos de unos cuantos personajes, que, además, de defraudar al erario público, tienen otras situaciones de especulación y de ilegalidad de gran envergadura. Sin embargo, cuando otras cuando cantidades inferiores, en su totalidad, se reparten a modo de prestaciones sociales que van destinadas a favorecer las economías más débiles de nuestra sociedad no para de hablarse de que suponen, éstas prestaciones, una carga para el estado y se amenaza, constantemente, con de importantes recortes de las mismas, por, según ellos, ser gastos suntuarios.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de IU, Javier Alcázar, valora que “los desorbitados niveles de fraude fiscal existentes en nuestro país requieren una acción más decidida por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”. Recuerda que nuestro país no baja del 20% del PIB en economía sumergida y que “las medidas adoptadas tras la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal son absolutamente insuficientes para la investigación del fraude más complejo, como los entramados societarios, el blanqueo de capitales, las operaciones donde se emplean billetes de 500 euros o las operaciones con origen en paraísos fiscales”.
Para Alcázar, el Ministerio de Economía y Hacienda “debe maximizar el conjunto de sus recursos técnicos y humanos para evitar que sigan prescribiendo las actuaciones fraudulentas realizadas hace 5 años. Una acción decidida hubiera supuesto la recuperación para el erario público de más de 5.000 millones de euros, tan sólo con las operaciones opacas con billetes de 500 euros realizadas en el año 2002 de aquellas sociedades que blanquearon 14.296 millones de euros de dinero negro, tal como viene denunciando el sindicato de Técnicos de la Agencia Tributaria (Ghesta)”.
En la misma dirección Alcázar afirma que “tal como manifestó Luis Pedroche, director de la Agencia Tributaria en la presentación de la Memoria 2006, más de 200 contribuyentes realizaron ‘voluntariamente’ declaraciones complementarias, por un importe de 5 millones de euros, tras las primeras investigaciones sobre los billetes de 500 euros en operaciones realizadas en el año 2005”.
“Esta cantidad –afirma el dirigente de IU- es absolutamente ridícula y minúscula en comparación con el volumen real de billetes de 500 euros utilizados para actuaciones ilegales. El saldo neto de estos billetes era entonces de 47.367 millones de euros, por lo que lo investigado apenas supera el 0´03% del total de billetes de 500 euros, lo que podría suponer unos ingresos para el Tesoro de más de 4.000 millones de euros y no los 5 millones recaudados”.
Alcázar valora que el planteamiento de la Agencia Tributaria, además de insuficiente, “es erróneo, ya que ha ordenado que la investigación se inicie por medio de un requerimiento informativo, pero no abriendo una inspección formal, tal como demandan los técnicos. De esta forma se da tiempo a las sociedades investigadas para ingresar ‘voluntariamente’ el 35% del importe utilizado en billetes de 500 euros, bajo el concepto de ganancia patrimonial no justificada, con lo cual las empresas se ahorran la sanción que se les impondría de iniciarse una inspección normal, ahorrándose unos 3,2 millones de euros en sanciones”.
Alcázar anuncia que “Izquierda Unida exigirá al Gobierno que se nominen todas las operaciones que se realicen con billetes de 500 euros para favorecer un registro efectivo de los más de 110 millones de unidades de billetes de esta cantidad. Además, demandará al Gobierno que de forma urgente se habilite al conjunto de técnicos de Hacienda para poder realizar actuaciones en empresas de una facturación superior a 1,8 millones de euros.”