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IULV-CA calcula en 3.500 millones de euros el aumento de inversión que Andalucía debe exigir por parte del Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Caballero argumenta este incremento de fondos en las nuevas leyes y servicios sociales.
IULV-CA ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, para que explique en la Cámara autonómica los planteamientos defendidos en nombre de Andalucía en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF).
La portavoz parlamentaria de IULV-CA, Concha Caballero, reclama que nuestra comunidad “debe recibir un aumento sustancial de la financiación que ahora le llega por parte del Estado”, y critica en la misma línea al Gobierno central de José Luís Rodríguez Zapatero, “por incumplir el compromiso de reformar la financiación autonómica anunciado en su campaña electoral”.
IULV-CA cifra en 3.500 millones de euros el aumento de fondos que Andalucía debe percibir del Estado, y que el consejero de Economía debe por tanto defender en la reunión del CPFF. Esta cantidad, según explica la portavoz, “responde a cuatro necesidades objetivas que la sociedad andaluza presenta a día de hoy”.
En primer lugar, una déficit sanitario que seguimos arrastrando y que se eleva por encima de los 1.000 millones de euros, según los últimos datos de la Cámara de Cuentas, y a pesar de que gran parte de los 2.500 millones de euros, recibidos por la Administración central en compensación por el no reconocimiento del censo andaluz, se han inyectado a esta deuda de la sanidad. En segundo término, los avances en la aplicación de la nueva Ley de Dependencia en nuestra comunidad. Una norma que en 2008 deberá superar el alcance de grandes dependientes, al que se ha limitado este año, y para lo cual, Andalucía necesitará del Estado un mínimo de 350 millones de euros.
Un tercer punto, la aplicación de la nueva Ley de Educación con las nuevas especialidades que contempla (educadores sociales, pedagogos, educadores para alumnos con necesidades especiales, y bajada de la ratio número de alumnos por clase).
A todo ello, recuerda IULV-CA hay que sumar como es lógico los nuevos derechos sociales y servicios, garantizados por ley para la ciudadanía andaluza en el nuevo Estatuto de Autonomía, ya plenamente en vigor.
En opinión de Concha Caballero, el consejero de Economía y Hacienda debe atender estas cuestiones, para defender como es debido el interés de Andalucía en el reparto de fondos por parte del Estado. Exige además la portavoz parlamentaria el incremento de un 25% del Fondo de Compensación interterritorial (FCI), presupuestado ahora para Andalucía, y “que ha quedado prácticamente congelado en los últimos años, a pesar del compromiso de duplicarlo”. “En lo que llevamos de legislatura el Ejecutivo central no sólo ha incumplido su compromiso de abordar una reforma de la financiación autonómica, sino que ha terminado dando paso a un sistema cada vez más injusto y más arbitrario”.
Más “injusto”, argumenta Caballero, “porque se han creado nuevas leyes, y con ellas el derecho a nuevos servicios sociales (como Educación o Dependencia), sin acompañarlos de la financiación suficiente, para que las comunidades autónomas puedan asumirlos”. Más “arbitrario”, porque tenemos un modelo cada vez más alejado de los criterios poblacionales. En este sentido, IULV-CA alude a “los recursos económicos del Estado con los que cuentan las comunidades forales, casi el doble que las de régimen común”, pese a las notables diferencias en número de habitantes respecto, entre otras, a comunidades como Andalucía.
IULV-CA insta al consejero andaluz de Economía y Hacienda a exigir en el seno del CPFF “un reconocimiento de la población andaluza, y el montante que supondrá la aplicación de las nuevas leyes y derechos sociales reconocidos para nuestra sociedad en el nuevo Estatuto de Autonomía”.
En cuanto a la Deuda Histórica, Caballero considera que el marco idóneo para su negociación no es este Consejo de Política Fiscal, sino la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Gobierno central, creada a tal efecto según el nuevo Estatuto. IULV-CA exige una reunión urgente de este órgano y recuerda que es el Ejecutivo andaluz “quien debe exigir directamente su pago a la Administración central”. Otro planteamiento, explica la portavoz, “sería tanto como dar la oportunidad al resto de comunidades de pronunciarse en contra del pago de la deuda”.
Caballero argumenta este incremento de fondos en las nuevas leyes y servicios sociales.
IULV-CA ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, para que explique en la Cámara autonómica los planteamientos defendidos en nombre de Andalucía en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF).
La portavoz parlamentaria de IULV-CA, Concha Caballero, reclama que nuestra comunidad “debe recibir un aumento sustancial de la financiación que ahora le llega por parte del Estado”, y critica en la misma línea al Gobierno central de José Luís Rodríguez Zapatero, “por incumplir el compromiso de reformar la financiación autonómica anunciado en su campaña electoral”.
IULV-CA cifra en 3.500 millones de euros el aumento de fondos que Andalucía debe percibir del Estado, y que el consejero de Economía debe por tanto defender en la reunión del CPFF. Esta cantidad, según explica la portavoz, “responde a cuatro necesidades objetivas que la sociedad andaluza presenta a día de hoy”.
En primer lugar, una déficit sanitario que seguimos arrastrando y que se eleva por encima de los 1.000 millones de euros, según los últimos datos de la Cámara de Cuentas, y a pesar de que gran parte de los 2.500 millones de euros, recibidos por la Administración central en compensación por el no reconocimiento del censo andaluz, se han inyectado a esta deuda de la sanidad. En segundo término, los avances en la aplicación de la nueva Ley de Dependencia en nuestra comunidad. Una norma que en 2008 deberá superar el alcance de grandes dependientes, al que se ha limitado este año, y para lo cual, Andalucía necesitará del Estado un mínimo de 350 millones de euros.
Un tercer punto, la aplicación de la nueva Ley de Educación con las nuevas especialidades que contempla (educadores sociales, pedagogos, educadores para alumnos con necesidades especiales, y bajada de la ratio número de alumnos por clase).
A todo ello, recuerda IULV-CA hay que sumar como es lógico los nuevos derechos sociales y servicios, garantizados por ley para la ciudadanía andaluza en el nuevo Estatuto de Autonomía, ya plenamente en vigor.
En opinión de Concha Caballero, el consejero de Economía y Hacienda debe atender estas cuestiones, para defender como es debido el interés de Andalucía en el reparto de fondos por parte del Estado. Exige además la portavoz parlamentaria el incremento de un 25% del Fondo de Compensación interterritorial (FCI), presupuestado ahora para Andalucía, y “que ha quedado prácticamente congelado en los últimos años, a pesar del compromiso de duplicarlo”. “En lo que llevamos de legislatura el Ejecutivo central no sólo ha incumplido su compromiso de abordar una reforma de la financiación autonómica, sino que ha terminado dando paso a un sistema cada vez más injusto y más arbitrario”.
Más “injusto”, argumenta Caballero, “porque se han creado nuevas leyes, y con ellas el derecho a nuevos servicios sociales (como Educación o Dependencia), sin acompañarlos de la financiación suficiente, para que las comunidades autónomas puedan asumirlos”. Más “arbitrario”, porque tenemos un modelo cada vez más alejado de los criterios poblacionales. En este sentido, IULV-CA alude a “los recursos económicos del Estado con los que cuentan las comunidades forales, casi el doble que las de régimen común”, pese a las notables diferencias en número de habitantes respecto, entre otras, a comunidades como Andalucía.
IULV-CA insta al consejero andaluz de Economía y Hacienda a exigir en el seno del CPFF “un reconocimiento de la población andaluza, y el montante que supondrá la aplicación de las nuevas leyes y derechos sociales reconocidos para nuestra sociedad en el nuevo Estatuto de Autonomía”.
En cuanto a la Deuda Histórica, Caballero considera que el marco idóneo para su negociación no es este Consejo de Política Fiscal, sino la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Gobierno central, creada a tal efecto según el nuevo Estatuto. IULV-CA exige una reunión urgente de este órgano y recuerda que es el Ejecutivo andaluz “quien debe exigir directamente su pago a la Administración central”. Otro planteamiento, explica la portavoz, “sería tanto como dar la oportunidad al resto de comunidades de pronunciarse en contra del pago de la deuda”.